Capítulo V. Valoración del estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
Con la limitación que supone condensar en unas pocas páginas la cantidad de problemáticas, necesidades, respuestas y recursos mencionados en los capítulos anteriores, abordamos este apartado con la intención de señalar aquellas cuestiones que entendemos de máximo interés animando, en su caso, a una lectura más reposada del informe.
El número de expedientes de queja en los que, de manera expresa, se cita la presencia o se encuentran implicados niños, niñas y adolescentes alcanza en 2013 la cifra de 319 que, respecto a la totalidad de los presentados en la institución del Ararteko supone el 10,4% de éstos. Se encuentran incluidos en este cómputo los expedientes de queja a instancia de parte (284), presentados por personas particulares u organizaciones a través de las distintas vías de acceso establecidas (oficinas, web, correo electrónico) y los expedientes de oficio (35), abiertos a iniciativa de la institución para el análisis y seguimiento de situaciones en las que se sospecha cierto grado de vulnerabilidad o atención inadecuada a las necesidades de grupos de niños, niñas y adolescentes. No han sido contabilizadas, aunque sí merecen ser tenidas en cuenta, las 883 reclamaciones relacionadas con el sistema vasco para la garantía de ingresos y presentadas por familias en las que, en un alto porcentaje, existen menores. Así, de manera estimativa podríamos considerar que en otros 236 expedientes de queja se encuentran afectados niños, niñas y adolecentes, todos ellos en situación de escasez de recursos económicos.
Respecto al área de educación, tenemos que comenzar diciendo que la intención declarada de la Administración educativa de la CAPV de tratar de hacer frente a la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y de impulsar en su lugar un modelo educativo pedagógico propio con la puesta en marcha del Plan “Heziberri 2020” nos sitúa ante un escenario no exento de polémica.
Desconocemos la influencia que esta nueva situación puede tener en las quejas que en los próximos meses vayan a someter a la consideración de esta institución. No obstante, es nuestro propósito tratar de hacer un seguimiento para conocer la repercusión cierta que esta reciente reforma puede tener en el sistema educativo de nuestra comunidad.
De todos modos y al margen de esta tarea que nos hemos propuesto, las quejas tramitadas a lo largo de este último año nos han hecho reparar en determinados aspectos de nuestra realidad educativa en la que nos parece necesario incidir.
Así, por ejemplo, un año más, la reiteración de quejas sobre el proceso de admisión del alumnado hace que siga vigente la recomendación que desde esta institución venimos planteando a la Administración educativa, para que extreme el cuidado en la gestión de este proceso, con la aplicación cabal de los criterios prioritarios previstos para los supuestos de insuficiencia de plazas.
Por otra parte, nos parecer importante reconocer y animar a las comisiones de escolarización a que continúen con su labor de tratar de lograr una integración lo más normalizada posible del alumnado inmigrante que accede por primera vez a nuestro sistema educativo. No obstante y como hemos hecho en anteriores ocasiones, queremos insistir también en que, al realizar sus propuestas, estas comisiones deben contar con la seguridad de que las condiciones de financiación de los centros, así como las ayudas a las familias para transporte, comedor y material escolar, permiten sostener el acceso universal del conjunto de la población a todos los centros docentes de enseñanza no universitaria.
En lo que respecta a la planificación educativa, los mayores problemas siguen produciéndose en la etapa inicial de cero a tres años, sobre todo en la oferta de aulas de dos años. A juicio de esta institución, en estas zonas deficitarias es necesario que tanto el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura como los ayuntamientos concernidos, cada uno en el ejercicio de las competencias que tienen respectivamente atribuidas, adopten las iniciativas oportunas para reconducir estas situaciones deficitarias de plazas y situar el porcentaje de cobertura en unos índices cercanos a las referencias de planificación aprobadas.
Queremos animar también a los responsables del nuevo Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a que continúen con la línea emprendida de propiciar y favorecer una planificación democrática con la participación de todos los representantes de la comunidad escolar.
En los últimos años venimos constatando una mayor demanda de formación profesional, que atribuimos a la actual coyuntura de crisis económica. Por ello y como ya hemos manifestado en anteriores informes, consideramos que se deben tratar de apurar todas las posibilidades que permitan incrementar la actual oferta y posibilitar así el acceso a estudios de grado superior que hagan más fácil la incorporación de nuestros jóvenes al mercado laboral.
La actual coyuntura de crisis ha motivado también que algunos agentes educativos hayan llamado la atención sobre algunas situaciones que se están produciendo en el servicio de comedor escolar. Se trata de casos de menores cuyas familias no pueden hacer frente al pago de las cuotas, si bien confían en ser beneficiarios de las ayudas de comedor que anualmente se convocan en el marco de la convocatoria general de becas. A nuestro modo de ver, esta realidad debería llevar al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a considerar la posibilidad de introducir algunos cambios en el modo de gestión de estas ayudas de comedor.
Desde esta institución valoramos como positivos los movimientos ciudadanos de solidaridad que en los últimos años vienen trabajando con el fin de concienciar sobre la necesidad de realizar un consumo responsable y de reducir el derroche de alimentos. Creemos, por ello, que no se debe descartar la posibilidad de analizar propuestas como la orientada a impulsar una gestión de los residuos alimenticios de los comedores escolares que permita su reutilización para ser consumidos de forma gratuita.
En cuanto al transporte escolar, el propósito anunciado por los nuevos responsables del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de revisar el contenido de la actual circular, en nuestra opinión, puede constituir una oportunidad para tratar de dar respuesta a demandas ciudadanas como la que, en el caso de Zuia, desde hace meses reclaman: una igualdad de oportunidades para el alumnado residente en el ámbito rural.
Asimismo, puede ser el momento de analizar las condiciones en las que se presta este servicio al alumnado con discapacidad para evitar que se puedan reiterar las quejas de posible discriminación.
El año pasado asistimos a la puesta en marcha del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el marco de una Escuela Inclusiva. Ya entonces confiamos en que la evaluación y seguimiento de este plan pudiera contribuir a mejorar la respuesta educativa que se ofrece al alumnado cuya situación es motivo de quejas repetidas, como es el caso del alumnado con altas capacidades, así como del afectado por trastornos de déficit de atención.
El seguimiento que hemos realizado de algunos casos así como las preocupaciones que nos han expresado algunas asociaciones que trabajan en el sector nos llevan a insistir en la necesidad de seguir trabajando para que las orientaciones educativas que han sido formuladas para este alumnado encuentren traducción en la práctica cotidiana de las aulas.
Obviamente, queremos hacer extensivas estas mismas reflexiones al recién presentado Plan Director para la Coeducación y Violencia de Género en el Sistema Educativo.
Ya por último, no queremos finalizar sin señalar, una vez más, la necesidad de profundizar en una aplicación sistemática y eficaz de las nuevas guías sobre convivencia escolar para cumplir y dar respuesta, de una manera satisfactoria, a los objetivos de procurar un buen diagnóstico de la realidad del maltrato, de proporcionar apoyo, protección y seguridad a las víctimas y de mantener una relación de confianza y buena comunicación con las familias afectadas.
Ante la evidencia de que apoyar públicamente a las familias significa apoyar a las personas en su desarrollo humano, en la consecución plena de sus derechos individuales y sociales, protegiendo además especialmente a quienes más lo necesitan (menores, mayores, personas con enfermedad o dependencia), esta institución considera que el apoyo a las familias es una estrategia pública ineludible para el mantenimiento del Estado social, lo que significa que, en el contexto de crisis, más que nunca, las políticas familiares constituyen la mejor inversión pública para garantizar la cohesión social y prevenir la pobreza y la desestructuración social, que tanto amenaza en estos tiempos.
Queremos recordar que actuar en materia de familias no sólo significa llevar a cabo políticas de ayudas públicas o subvenciones (particularmente en relación con la tenencia de hijos e hijas, o personas dependientes, así como de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar…), sino que supone también, y cada vez más, impulsar cambios culturales, sociales y económicos profundos, que abran nuevas perspectivas a la integración plena de las necesidades de las familias en nuestra actividad económica. Los poderes públicos están llamados a liderar procesos de cambio de mentalidad, orientados a reconocer el espacio necesario, obligado -así como el valor central- del cuidado, del trabajo doméstico, del descanso, del ocio, de las relaciones humanas, de otras formas de participación social voluntaria o no remunerada.
El tema de la conciliación de la vida familiar y laboral constituye no sólo una preocupación central para las familias, sino, en general, una tema de gran calado para el éxito de la organización social y económica en su conjunto. Resulta cada vez más necesario, especialmente en tiempos de crisis, poner el acento en nuevos planteamientos globales de organización de los tiempos, que cuestionen la centralidad del trabajo en nuestras vidas y permitan sostener una vida laboral, atendiendo al mismo tiempo suficientemente las necesidades personales y familiares.
La mayor parte de las quejas recibidas en el ámbito de los servicios sociales para la infancia en desprotección han sido interpuestas por comenzamos por progenitores disconformes con la valoración de los servicios de infancia por la que se concluye el desamparo de sus hijos o hijas, la suspensión de la patria potestad y la asunción de la tutela por parte del ente foral. En un alto porcentaje, estos padres y madres acuden al Ararteko después de haber recurrido en vía judicial la orden foral que determina el desamparo y la medida de protección del niño, niña o adolescente, lo que imposibilita nuestra actuación en lo tocante a la principal demanda de los promotores de la queja. No obstante, junto a esta demanda se suelen trasladar otras cuestiones relacionadas con el proceso de valoración, la comunicación e información, sobre las que sí intervenimos y en las que no se han detectado, de manera generalizable, actuaciones incorrectas por parte de la administración.
Del análisis de estas quejas sí ha llamado nuestra atención este año la mayor presencia de casos en los que la desprotección se soportaba, principalmente, en lo que el instrumento de valoración define como maltrato psíquico y, más concretamente, instrumentalización en conflictos entre las figuras paternas. A estas quejas habría que sumarles aquellas otras presentadas por un solo progenitor y que aducen, principalmente, motivos de presunta negligencia en el cuidado del niño/niña por parte del otro progenitor; no facilitar o respetar el régimen de relación y comunicación establecido en las medidas establecidas judicialmente; impedir el contacto del otro progenitor con el niño/niña aduciendo sufrimiento intenso por parte de éste; etc. El elemento de preocupación común a todas ellas es, sin lugar a dudas, el sufrimiento psicológico y emocional de los niños, niñas y adolescentes durante y después de rupturas con alta conflictividad entre sus padres, pero con ello no podemos olvidar que en todas estas situaciones se está viendo además comprometido el derecho del menor a relacionarse con ambos progenitores.
Por todo ello, se hace necesario avanzar en aquellas medidas que impidan que los problemas de los adultos se trasladen a los hijos e hijas o, lo que es aún peor, se les implique en el conflicto hasta el extremo de instrumentalizarlos. En este sentido sería conveniente que, tanto las instancias judiciales, como las administraciones, potenciaran la cultura del acuerdo y la mediación a fin de ayudar a los progenitores a separarse respetando, preservando y priorizando siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Junto a un mayor uso de los servicios que para tal fin ya existen, y en sintonía con la Observación General nº 13 del Comité de los Derechos del Niño de mayo de 2013 sobre el interés superior del menor, este derecho, principio y procedimiento exige la consideración y valoración de manera absolutamente individualizada de cómo afectarán las decisiones que en cada momento se adopten a su bienestar y desarrollo físico y emocional, además de incorporar de manera insoslayable la escucha de cada niño/niña. Se necesitan así profesionales con la máxima preparación para garantizar estos derechos en todos los ámbitos en los que se produzcan (judicial, de servicios sociales, educativos, sanitarios…)
Un segundo elemento en el ámbito de los servicios sociales sobre el que deseamos llamar la atención tiene que ver con el momento actual de estructuración del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Nunca mejor que ahora se dará la oportunidad de definir las prestaciones y servicios socioeducativos, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, con el carácter comunitario y preventivo que destila la Ley 12/2008 de servicios sociales. Esto supone superar el concepto de desprotección infantil largamente asentado y derivado de la Ley 3/2005 para incorporar con mayor fuerza y coherencia la intervención en situaciones de pobreza, vulnerabilidad o riesgo de exclusión, o en conflictos comunitarios en los que queden comprometidos y/o afectados niños y niñas. Reiteramos como en años anteriores el inestimable valor que tiene el acompañamiento ante dificultades incipientes, la intervención en el ámbito natural y comunitario, sobre las condiciones de bienestar y cohesión en las que los niños, niñas y adolescentes se desarrollan, desactivando o minimizando claramente los efectos más graves.
En la red de recursos de acogimiento residencial para infancia en desprotección se siguen produciendo modificaciones, en principio para la adecuación a las necesidades cambiantes y, según hemos podido comprobar, cada vez más derivadas de los incipientes procesos de inspección realizados a la luz de los requerimientos del decreto 131/2008 regulador de estos centros. Reconocidos estos avances, no obstante, debemos llamar la atención sobre el aún deficiente cumplimiento de los requisitos relacionados con los perfiles profesionales y la cualificación de los y las profesionales de los equipos educativos en demasiados recursos, máxime si tenemos en cuenta el período de 4 años concedido por el citado decreto para la adecuación de las plantillas a los requisitos establecidos.
Si en el caso de los menores extranjeros no acompañados insistíamos el año pasado en los procesos de emancipación, la recomendación publicada este año bajo el título de Garantías en la atención a los menores/jóvenes no acompañados aborda en profundidad y extensamente otros dos momentos de especial riesgo: 1) el proceso de localización y acogida de estos menores y jóvenes y, en relación con él, la importancia de la coordinación y colaboración necesaria entre todos los agentes, servicios y organismos implicados, y 2) el cumplimiento de las garantías y los derechos de los que son titulares en la acogida y en el cese de la guarda o de la tutela tras el decreto de determinación de edad de las Fiscalía que acuerda que son personas mayores de edad. En torno al momento de localización y acogida llevamos años demandando la elaboración y aprobación del protocolo de acogida de urgencia de los menores extranjeros no acompañados que dispone el decreto 131/2008. Cuando parecía a punto de alcanzarse el acuerdo necesario ha irrumpido con fuerza en escena el protocolo a nivel estatal, volviendo a detener la redacción definitiva del autonómico a la espera del marco que dibuje aquel.
Las escasas quejas protagonizadas en 2013 por estos menores tienen el denominador común de la discrepancia entre la edad señalada en el decreto de fiscalía, tras la realización de pruebas para la determinación de la edad (por encontrarse indocumentados en el momento de su localización), y la edad reconocida en la documentación oficial obtenida por las gestiones de los servicios de infancia forales donde se encontraban acogidos ante la administración de sus países de origen. En ellas se señalan dos cuestiones principales: 1) la necesidad del análisis de cada situación de manera individualizada, solicitando criterio particular si fuera necesario a la Fiscalía Provincial y superando las consecuencias negativas de la aplicación automática de criterios generales para circunstancias no totalmente equiparables, 2) acatada la decisión de la Fiscalía Provincial por la que se determina la minoría de edad, los servicios de protección a la infancia habrán de ejecutar las obligaciones inherentes a su tutela y atención integral sin excepciones, incluidas las conducentes a su regularización administrativa y su defensa, en los casos en los que se le puedan derivar perjuicios a raíz de una actuación o decisión ajena a sus intereses. Este criterio, en todo caso, había sido ya expuesto por esta institución en el año 2006.
En lo tocante a actividades de ocio y recreativas, las lonjas juveniles han ocupado un espacio importante en la actividad del Ararteko en 2013. La utilización de las lonjas comerciales como locales de reuniones y de ocio por grupos de personas adolescentes y jóvenes es una realidad emergente en nuestros municipios. No obstante, este fenómeno todavía relativamente nuevo está dando lugar a una serie de controversias sobre el correcto encaje de esta actividad de ocio con el control ambiental, la seguridad en las edificaciones y la prevención de riesgos que requieren estos locales. Con el fin último de poder establecer y poner a disposición de personas usuarias de las lonjas, propietarias, vecinos y vecinas colindantes y administración local unos criterios y principios generales al respecto, el Ararteko ha iniciado un expediente de oficio con el que recabar información sobre el contexto social y jurídico de esta incipiente actividad de ocio juvenil y de las distintas opciones municipales para controlar las problemáticas que de ella se puedan estar derivando.
Las quejas más significativas en el ámbito del deporte escolar este año 2013 han tenido un elemento común: la aún deficiente aplicación de criterios de igualdad de género en el diseño de la oferta deportiva y en la organización de la práctica deportiva.
En el ámbito de la salud y en lo tocante a la atención a niños y niñas con problemas de salud mental, a pesar de que lentamente se va avanzando en la dotación de estructuras intermedias de rehabilitación, acercándonos un poco más al deseado modelo comunitario de atención, se observa una insuficiencia de hospitales de día infanto-juveniles, especialmente en el territorio alavés.
En cuanto a la atención a las personas con trastorno de personalidad, en un alto porcentaje adolescentes y jóvenes, se han adoptado medidas y se han dado pasos importantes, como la creación de la unidad de adolescentes y programas especiales. Continuamos, sin embargo, mostrando preocupación por las limitaciones de nuestro sistema sanitario para el abordaje de estos trastornos en el ámbito autonómico, por lo que insistimos en la necesidad de la puesta en marcha de un hospital de día con las características del que se encontraba ya proyectado desde 2009. En tanto no se materialice, resulta imprescindible contemplar y aplicar vías como la derivación, concertación y reintegro de gastos.
Se registran avances en diferentes líneas de la estrategia de la cronicidad, entre los que destacamos, en los destinados a garantizar el continuo asistencial, la creación de las Organizaciones Sanitarias Integradas, la elaboración de rutas asistenciales, la incorporación de nuevas competencias profesionales y la utilización de planes de continuidad asistencial. Por el contrario, otras cuestiones como la materialización de las previsiones relativas a la ampliación del programa de cribado neonatal o la atención a las personas con linfedema primario (desarrollado normalmente en la infancia), están sufriendo cierta ralentización.
Las dificultades a las que están teniendo que hacer frente los niños y niñas dependientes no difieren sustancialmente de las de la globalidad del colectivo de personas dependientes. En el ámbito estatal continúa el retroceso en el desarrollo de las políticas de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia, acompañado de una drástica reducción del gasto público en esta materia, lo que supone una notable disminución de la aportación de la Administración General del Estado al nivel mínimo de protección. La potestad que ostentan las comunidades autónomas de establecer niveles adicionales de protección, ejercido en este caso por las diputaciones forales, ha permitido, en cierta medida, paliar el efecto de las decisiones estatales, pero resulta ineludible hacer extensiva en el tiempo la apuesta decisiva de nuestras administraciones públicas para el desarrollo de los servicios sociales e impedir que se interfiera en esa trayectoria de incremento de la atención y mejora continua. La aprobación del decreto regulador de la cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y los términos concretos en que se defina serán una excelente oportunidad para materializar el derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y a la protección de la dependencia.
En 2013 nos hemos interesado por uno de los servicios contemplados en el decreto de cartera citado que afecta especialmente a niños y niñas: el servicio para la atención temprana. Aprobado por el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, el modelo para la atención temprana en 2011, parecía conveniente certificar su grado de implantación y desarrollo. Como principal conclusión podríamos decir que se están dando pasos importantes en la materialización de las propuestas y previsiones contenidas en el modelo antes citado. El impulso otorgado a proyectos como el PAINNE, en el que destacan, entre otros, su carácter preventivo y sostenible, junto al intenso trabajo para dotarse de la regulación normativa suficiente y el respaldo institucional obtenido, parecen dar muestras del interés de todos los agentes implicados por impulsar la atención temprana.
Resulta esperable que la cercana aprobación del decreto que regulará la composición y funcionamiento de los órganos de valoración e intervención, las actuaciones y los perfiles profesionales, suponga un importante impulso al desarrollo de la atención temprana, garantizando la interdisciplinariedad, el continuo de atención y el trabajo conjunto de agentes, servicios e instituciones. De la información obtenida hasta el momento, tanto en el marco de esta actuación, como del seguimiento a la elaboración del decreto de cartera de prestaciones y servicios del sistema de servicios sociales, damos por seguro el reconocimiento del derecho al acceso a este servicio de niños y niñas de 0 a 6 años y sin ningún tipo de excepción, tal y como hemos venido reclamando.
Mientras esto sucede, resulta conveniente insistir en la necesidad de aportar a las familias la información suficiente y necesaria para el acceso a la atención temprana, desde cualquiera de los puntos de entrada que se puedan considerar (servicios sanitarios de atención primaria o especializados, hospitales, servicios sociales municipales y forales, centros educativos, etc.), así como de facilitar las derivaciones y accesos a los distintos organismos y servicios. Constituidos ya como EVAT o aún como equipos de valoración y orientación, la perspectiva integral y la búsqueda de valoraciones teniendo en cuenta miradas multidisciplinares debería ser ya una realidad. Habrá que seguir dando pasos hasta el momento de su acreditación en el conocimiento y garantías de atención de calidad de los servicios de intervención en atención temprana privados, que suponen la amplia mayoría de éstos, de igual manera que hay que mejorar la atención prestada desde distintos sistemas y servicios, evitando solapamientos y lagunas todavía demasiado frecuentes.
En cuanto a los niños y niñas en riesgo de pobreza, los datos del estudio presentado a comienzos de 2013, pero ya recogidos en el informe de la Oficina de 2012 alertaban del impacto que la crisis está teniendo en un número cada vez más importante de niños, niñas y adolescentes vascos. Si bien todos los indicadores, tanto los específicos de riesgo de pobreza, como otros que reflejen sus múltiples caras, vienen señalando una menor gravedad de la situación en términos comparativos con otras realidades sociales del estado español, también es cierto que el estudio apreciaba signos de deterioro o empeoramiento en buena parte de los indicadores, lo que nos llevaba a concluir, entre otras cosas, que si bien la situación no podía ser considerada alarmante, se debía mantener la alerta frente a una posible evolución negativa.
A través de iniciativas que hemos liderado o en las que hemos tomado parte hemos mantenido nosotros también la alerta y el seguimiento de la situación que reclamábamos para los distintos agentes públicos y privados, lo que nos lleva a manifestar, de una manera casi telegráfica pero contundente:
Porque, como concluíamos en el seminario compartido con el Defensor del Pueblo de Andalucía, se trata de otorgar prioridad al más débil. Se trata de invertir en el futuro, se trata de una cuestión de justicia social.
En el resto de capítulos, señalar que seguiremos trabajando por que nuestros niños y niñas hagan un uso responsable de las redes sociales, encontrando el equilibrio entre la innovación y la extraordinaria potencialidad de las redes sociales, y la garantía de los derechos de las personas.
Continuaremos colaborando con las fiscalías de menores y el sistema judicial en general para la protección y la garantía de los derechos de los niños y niñas que, de manera directa (como víctimas, testigos o agresores) o indirecta, entren en contacto con éste.
Mantendremos la atención sobre las actuaciones destinadas a garantizar las necesidades básicas de alojamiento a niños y niñas afectados por situaciones de desahucios, tanto por ejecución hipotecaria como por impago de renta.
El Ararteko considera fundamental trabajar con la infancia y la juventud en el ámbito escolar y asociativo, construyendo a una educación favorable a la aceptación plena de la diversidad de orientación sexual y de identidad de género desde edades tempranas. Por ello, valoramos muy positivamente el impulso que se está dando desde la administración de cara a posibilitar avances en el ámbito educativo.
Un año más finalizamos con un llamamiento a reforzar y extender la conciencia social sobre los derechos de la infancia. Es cierto que es mayor que hace unos años, por lo que debemos alegrarnos y felicitarnos por ello. Pero queda todavía mucho por hacer, tanto en el plano general (difusión de los derechos) como en la concienciación ante determinadas situaciones (castigo físico, maltrato, abuso sexual…). Los derechos de la infancia y el principio del interés superior del menor exigen adoptar una perspectiva educativa y establecer unas prioridades que deben orientar cualquier intervención con niños, niñas y adolescentes, lo que nos lleva a exhortar a las administraciones públicas a que continúen y refuercen sus iniciativas de sensibilización social y promoción de los derechos de la infancia.
Debemos destacar, nuevamente, los artículos 12 y 13 de la Convención de los Derechos del Niño o, lo que es lo mismo, el derecho a expresar su opinión y a recibir y dar información. Animamos, una vez más, a avanzar en la articulación de cauces de participación reales y estables, tiempos destinados a ello, mecanismos adecuados, metodologías atractivas, etc. que garanticen la participación de las personas menores de edad en los diferentes ámbitos de afección de sus vidas.